El ministro de Interior, Carlos Amarante Baret, reveló que solo el 3% de los extranjeros que se acogieron al Plan Nacional de Regularización han completado sus expedientes, a pesar de que el Gobierno confirió dos años de plazo, por lo que más de 240 mil inmigrantes tienen la condición de indocumentados.
Es obvio que son haitianos la casi totalidad de esos extranjeros que no han podido o no han querido legalizar sus papeles migratorio, quienes poseen un carnet provisional, que quizás ha sido la única identificación que han tenido durante toda su vida.
Una cantidad posiblemente superior a esos 243 mil indocumentados se desparrama por todo el territorio nacional, aun con el esfuerzo que se atribuye al Ejército, de impedir el ingreso de 140 mil haitianos durante este año y a los 40 mil que ha repatriado Migración.
No parece posible en términos logísticos poder repatriar a tantos inmigrantes ilegales en tiempo relativamente corto, no sin que la comunidad internacional alegue que el Gobierno aplica un genocidio migratorio.
El Gobierno haitiano nunca cumplió con su compromiso de proveer de documentos de identificación a sus nacionales que residen de manera irregular en República Dominicana, pero siempre ha sido diligente para denunciar a sus vecinos por supuestos maltratos cuando se procura hacer cumplir la ley migratoria.
La dominicana es una economía muy abierta y vulnerable que puede ser severamente afectada en términos de comercio e inversión, si no se actúa con moderación frente al gravísimo tema de la inmigración haitiana, aunque nunca el Gobierno debería renunciar a su derecho de ejercer efectivo control migratorio sobre una muy porosa franja fronteriza de 390 kilómetros lineales.
El desorden migratorio impacta negativamente sobre los servicios de salud, educación, vivienda, medio ambiente, empleo, seguridad y sobre el uso de suelo en comercio irregular, lo que obliga al Gobierno a recuperar el control en la frontera y aplicar las políticas condignas contra la inmigración ilegal.
Se requiere de mayores esfuerzos para impedir el ingreso de indocumentados por la franja fronteriza, simultáneamente con la ejecución de un programa de repatriaciones continuas con absoluto respeto a los derechos humanos.
El ministerio de Trabajo esta compelido a aplicar la ley referida al porcentaje de dominicanos y de extranjeros que deben conformar la plantilla laboral en cualquier empresa, construcción, hato o plantación.
Se aboga por una política migratoria integral, basada en impedir ingreso e incrementar las repatriaciones, de respetar los derechos de los inmigrantes legales o indocumentados, sin exagerar, pero sin pausa de ningún tipo.
